Senadores de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales recibieron este jueves a representantes de la Asociación de la Magistratura y del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, quienes expusieron observaciones técnicas y jurídicas al proyecto de reforma previsional.
Desde las 9, en el Salón de los Escudos de Casa de Gobierno, se realizó una reunión conjunta de las Comisiones de Presupuesto y Hacienda –presidida por el senador Gustavo Vergara (Diamante, Juntos por Entre Ríos)– y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos –encabezada por Juan Pablo Cosso (Villaguay, Más Para Entre Ríos)–. El encuentro contó con la presencia de 14 senadores.
La primera institución en exponer fue la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de la Provincia de Entre Ríos. Su titular, Alejandro Cánepa, junto a Gabriela López Arango, plantearon “cuestiones que preocupan” del proyecto de ley. Cánepa solicitó eliminar el artículo 8 del texto, que impediría avanzar con medidas judiciales contra la reforma, al considerar “obvia su inconstitucionalidad”. Señaló que “hemos sido proactivos con la reforma” y valoró que “el diálogo se haya abierto”, ya que “pretendemos que se sancione la mejor ley posible en beneficio de los entrerrianos”.
“El capítulo de la emergencia contamina la reforma previsional”, manifestó el abogado, y profundizó en el significado de la misma, a la que calificó como “parcial”, lo que “la hace inconsistente en términos constitucionales y jurisprudenciales”. Agregó: “La emergencia no tiene demasiado sustento” y “el peso de la misma no puede caer solo sobre un sector de la sociedad, y sobre esto ya se ha expedido la Corte”. Hizo referencia a la “incertidumbre” que genera en el trabajador no saber cuánto va a cobrar según esta escala, y citó antecedentes. “El sueldo no puede quedar sujeto al Poder Ejecutivo” ya que “la Legislatura le delega facultades”.
“Sin ser agorero, lo peor es hacer algo que no dure nada”, dijo el representante de la Magistratura, y apuntó al principio de no regresividad. Cuestionó tres puntos: la fórmula para la determinación del haber inicial en 20 años para jubilaciones y pensiones; la movilidad, que al reducir 98 escalafones a un sector de la administración rompe el sistema de paritaria y la proporcionalidad; y el traslado de la movilidad al pasivo, que hoy es de hasta 60 días corridos y en el proyecto dice a partir de 60 días hábiles desde que ingresan los fondos.
Luego expuso el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Entre Ríos, representado por Javier Núñez Souza, Lorena Gerard y Lisandro Tomé. Núñez Souza afirmó: “Nuestro enfoque es técnico-objetivo y en pos de todos los entrerrianos. Sabemos la magnitud del déficit de la Caja, de seguir en el tiempo implicaría mayor carga tributaria para muchos sectores”.
Gerard habló de la solidaridad del sistema puro de reparto. Respecto a la emergencia plasmada en la iniciativa, apuntó a las atribuciones legislativas que se delegan al Poder Ejecutivo y a que la carga en la emergencia solo recae sobre los activos. La contadora realizó un análisis de diferentes artículos del proyecto y planteó modificaciones a la redacción “para clarificar conceptos”. Citó ejemplos en invalidez, pensión, trabajos públicos y privados: “Estamos todo el tiempo en contacto con la gente y vemos complicaciones en la práctica para muchos entrerrianos”.
Lisandro Tomé señaló que realizaron estudios con un enfoque integral y un estudio comparativo de las 13 cajas no transferidas del país. Mencionó situaciones como los aportes en diferentes cajas y sostuvo que “no hay un convenio de transferencia de aportes con Nación”. Abogó por “medidas creativas para inyectar fondos al sistema” y reconoció que en el proyecto “hay varias herramientas que darían un poco de oxígeno”. “Hoy tenemos poca litigiosidad”, expresó, pero advirtió que “si no se mantiene el nivel de vida actual, es un jubilado un juicio, si no se respeta el cálculo del haber inicial y la movilidad”. Propusieron tomar los 15 mejores años de aportes con una fórmula para hacerlo proporcional, y que las movilidades queden como están hoy por escalafón.
Tras las exposiciones, los senadores formularon preguntas sobre movilidad, estudios actuariales y posibles recurrencias a la Justicia. La semana próxima, ambas comisiones continuarán la ronda de escucha con otros sectores involucrados.
Estuvieron presentes los senadores Jaime Benedetti (Gualeguaychú, Juntos por Entre Ríos), Marcelo Berthet (San Salvador, Más Para Entre Ríos), Casiano Otaegui (Gualeguay, Juntos por Entre Ríos), Ramiro Favre (Colón, Juntos por Entre Ríos), Gladys Domínguez (Feliciano, Peronismo Federal), Nancy Miranda (Federal, Más Para Entre Ríos), Rafael Cavagna (Nogoyá, Juntos por Entre Ríos), Claudia Silva (Paraná, Más para Entre Ríos), Víctor Sanzberro (Victoria, Más Para Entre Ríos), Rubén Dal Molín (Federación, Juntos por Entre Ríos), Juan Conti (Tala, Más Para Entre Ríos), Gloria Cozzi (Concordia, Juntos por Entre Ríos), Hernán Méndez (Islas, Juntos por Entre Ríos) y Martín Oliva (Uruguay, Más para Entre Ríos).