La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) comenzó este jueves un ciclo de formación sobre la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, con 250 inscriptos de toda la provincia. El dirigente gremial señaló falta de inversión, bajo número de psiquiatras en el ámbito público y preocupación por un proyecto de reforma legislativa en el Senado.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) dio inicio este jueves al ciclo de formación «Experiencias y desafíos de la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657». Según informó el gremio, la jornada contó con 250 inscriptos de toda la provincia y busca brindar herramientas ante un debate que consideran «permanente» sobre el rol del Estado y las condiciones en que se presta el servicio de salud.
Uno de los puntos centrales abordados fue la brecha entre lo que dicta la legislación y la realidad del sector. El secretario de Derechos Humanos de ATE, Passi, afirmó que la situación de los trabajadores está marcada por bajos salarios, pocos recursos y una infraestructura que necesita actualización para cumplir con el paradigma de atención territorial.
Passi sostuvo que la Ley Nacional de Salud Mental establece que el 10% del presupuesto destinado a salud debe asignarse a salud mental, y agregó que «nunca, desde el 2010 para acá, ha superado el 2%». El dirigente indicó que esta desinversión dificulta la creación de dispositivos como casas de medio camino o centros especializados sin internación, necesarios para superar el modelo actual basado en el encierro.
«Entre Ríos tiene cuatro hospitales monovalentes que son exclusivamente con internación, la propuesta es ir hacia un camino de trabajo con dispositivos con anclaje en la territorialidad de carácter interdisciplinario», explicó Passi.
El referente gremial también expresó preocupación ante el proyecto de modificación de la ley que se debate en el Senado de la Nación. Según afirmó, el texto propuesto elimina el apoyo financiero directo que la ley actual menciona para las provincias, reemplazándolo por convenios, y habilita nuevamente la apertura de hospitales monovalentes.
Passi advirtió sobre el riesgo de devolver una figura «casi exclusiva» al psiquiatra en los tratamientos, lo que colisiona con la realidad operativa de la provincia: «En Entre Ríos hay 38 psiquiatras en la función pública y están renunciando en función de las condiciones que ofrece el Estado. Se pretende modificar la ley en función de que haya más necesidad de psiquiatras, por lo cual será aún más difícil generar instancias de internación y seguir tratamientos». Para ATE, la solución no es cambiar la norma, sino implementar la ley vigente con el presupuesto correspondiente.