El Colegio de Profesionales de la Ingeniería Civil de Entre Ríos presentó objeciones técnicas al proyecto de reforma del Plan de Ordenamiento Territorial de Gualeguaychú y sugirió la creación de un área municipal especializada.
Gualeguaychú – El Colegio de Profesionales de la Ingeniería Civil de Entre Ríos (CPICER) expuso sus observaciones al proyecto de reforma del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Gualeguaychú durante una reunión de comisiones conjuntas del Concejo Deliberante. La presentación estuvo a cargo del presidente de la Regional Sur Este del CPICER, el ingeniero Aníbal García, y contó con la participación de representantes de los colegios de arquitectos, agrimensores, maestros mayores de obras, técnicos y corredores inmobiliarios.
Los ingenieros señalaron que, si bien comparten el objetivo de promover una ciudad más compacta y con mayor desarrollo en altura, consideran que el proyecto presenta vacíos técnicos y criterios que deberían revisarse antes de su aprobación. Uno de los principales cuestionamientos apunta al tratamiento del riesgo hídrico: el proyecto toma como referencia únicamente la cota de la creciente del río Gualeguaychú de 1978, sin contemplar otros sectores con problemas de inundación, como Urquiza al Oeste, barrio Munilla o la zona de chacra de Pelayo.
En ese contexto, el CPICER propuso la creación de un Área Municipal de Riesgo Hídrico integrada por profesionales especializados que elaboren estudios permanentes sobre las zonas vulnerables de toda la cuenca, especialmente aguas arriba, y aporten información para la planificación urbana.
Otro de los ejes de la exposición fue la falta de estudios que respalden el incremento de las alturas máximas permitidas para construir. Los ingenieros advirtieron que el proyecto habilita edificios de hasta 30 metros en algunos sectores sin informes que determinen si la infraestructura actual —redes de agua potable, cloacas, desagües pluviales, tránsito y estacionamiento— podrá responder al aumento de densidad poblacional.
Asimismo, cuestionaron que el régimen propuesto tenga carácter transitorio pero sin una fecha límite de vigencia, y alertaron sobre el riesgo de que durante ese período se otorguen permisos que generen derechos adquiridos difíciles de modificar. También expresaron reparos sobre el funcionamiento del futuro Consejo Consultivo de Planeamiento, al considerar que dependería del Poder Ejecutivo municipal, que sería el encargado de convocar a sus integrantes y no estaría obligado a seguir sus recomendaciones.
En materia ambiental, los ingenieros advirtieron que la iniciativa elimina la obligatoriedad de realizar estudios hídricos para todos los nuevos loteos y los limita únicamente a aquellos ubicados en zonas previamente identificadas en mapas oficiales, los cuales —afirmaron— suelen quedar desactualizados frente a la dinámica del territorio. Otro punto observado fue la posibilidad de que el Municipio flexibilice o exima requisitos urbanísticos según cada proyecto; desde el CPICER sostuvieron que esa discrecionalidad podría generar desigualdades en la aplicación de la normativa y reclamaron reglas más objetivas y transparentes.
Entre los aspectos positivos del proyecto, el Colegio destacó la intención de promover un mayor aprovechamiento de la infraestructura existente mediante edificios más altos en sectores consolidados, así como la incorporación de plazos definidos para la aprobación de permisos de obra, lo que brindaría mayor previsibilidad a profesionales e inversores. Finalmente, los ingenieros manifestaron su preocupación por la reducción de las superficies que los desarrolladores deberán ceder al Municipio en los nuevos loteos, al considerar que ello podría afectar la disponibilidad futura de espacios públicos y áreas verdes.
Las observaciones del CPICER pasarán ahora a formar parte del debate legislativo que el Concejo Deliberante mantiene sobre la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial, una de las normas que definirá el crecimiento urbano de Gualeguaychú en las próximas décadas.