Un proyecto de ley ingresó a la Cámara de Diputados de Entre Ríos para modificar el artículo 13 de la Ley Nº 3.818 y transferir la facultad de habilitar consultorios médicos desde el Ministerio de Salud a los colegios profesionales.
Un proyecto de ley ingresó este lunes a la Cámara de Diputados de Entre Ríos con el objetivo de modificar el artículo 13 de la Ley de Ejercicio de Profesión del Arte de Curar y Ramas Auxiliares, Nº 3.818. La iniciativa, presentada por el diputado Juan Manuel Rossi (Juntos por Entre Ríos), propone que la habilitación de los locales donde ejercen los profesionales de las ciencias médicas pase a ser competencia de los colegios profesionales que nuclean cada profesión.
La redacción original del artículo establece que “los locales donde ejerzan los profesionales de las distintas ramas de las ciencias médicas, incluso las auxiliares serán habilitados previa autorización del Ministerio de Salud Pública de la Provincia la cual será requerida en cada caso por el interesado. Todo cambio de domicilio debe ser comunicado a los efectos de la nueva habilitación; en los locales mencionados deberá encontrarse expuesto el diploma, título o certificado habilitante”.
El proyecto propone una nueva redacción: “Los locales en los que ejerzan su actividad los profesionales de las distintas ramas de las ciencias médicas, incluso las profesiones auxiliares, serán habilitados por los colegios profesionales que nuclean cada profesión”. Además, agrega que “en caso de no existir colegio profesional, la habilitación de los mismos corresponderá al Ministerio de Salud. Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado a la autoridad competente, a los efectos de obtener una nueva habilitación. En dichos locales deberá exhibirse el diploma, título o certificado habilitante”.
En los fundamentos, Rossi sostuvo que la potestad actual del Ministerio de Salud “implica que para habilitar un local se debe iniciar un trámite administrativo ante el ministerio, lo que genera demoras excesivas en el otorgamiento de las mismas y, en numerosos casos, dichas solicitudes permanecen sin resolución durante largos períodos de tiempo”. El legislador también mencionó que estas “trabas burocráticas impiden al profesional desarrollar su actividad conforme a derecho”.
Rossi señaló que profesionales de la salud relataron que, ante la falta de respuesta a sus solicitudes, “se encuentran obligados a suspender sus actividades o bien, arriesgarse y trabajar sin contar con una cobertura legal ante cualquier eventualidad que pueda suceder”. En ese contexto, afirmó que “dicha situación trae aparejado que, inevitablemente, ante un eventual supuesto de mala praxis, los profesionales se vean desprotegidos”.
El proyecto también sostiene que la demora en las habilitaciones representa “una restricción desproporcionada al derecho a trabajar y ejercer toda industria lícita, consagrado en el artículo 14 de nuestra Constitución Nacional”.
Rossi consideró que el traspaso de la facultad a los colegios profesionales “resulta positiva porque permite que la gestión y control de todo lo que hace al ejercicio de la profesión quede en manos de quienes, entre otras cosas, también controlan la matrícula, combaten el ejercicio ilegal de las profesiones, representan a los profesionales matriculados, ejercen poder disciplinario sobre los mismos, etc”.
El legislador estimó “razonable que dicha facultad administrativa también quede dentro de la órbita de los colegios profesionales”. Aclaró que el otorgamiento de esta potestad “no implica la sustitución de otras habilitaciones que correspondan conforme a la normativa provincial o municipal, edilicia, de seguridad, bromatológica o a cualquier otra legislación específica, ni supone atribuir a los colegios profesionales responsabilidad sobre cuestiones que excedan el ámbito del ejercicio profesional y que sean propias de la competencia de otros organismos”.