La provincia de Entre Ríos presentó una tasa de 20,8 suicidios cada 100.000 habitantes durante 2025, la más elevada de Argentina, según un informe de la Consultora Eje.
Entre Ríos registró durante 2025 la tasa de suicidios más alta de Argentina, con 288 casos absolutos y una tasa de 20,8 cada 100.000 habitantes, según el segundo informe de la serie Juventudes de Entre Ríos elaborado por la Consultora Eje. El promedio nacional fue de 11,8 casos cada 100.000 habitantes, mientras que Río Negro presentó la tasa más baja del país, con 6,5.
El informe, basado en datos del Observatorio de Política Criminal (OPC) y el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), indica que los casos de suicidio en Entre Ríos crecieron un 81,1% entre 2017 y 2025.
El estudio señala que el suicidio se consolidó como la principal causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 34 años, superando a los siniestros viales. A nivel nacional, la tasa de 11,8 supera los registros de la crisis de 2001 (8,4) y de la última dictadura militar (6,8).
La Consultora Eje comparó la tasa provincial (20,8) con el pico histórico de homicidios en Rosario (24 cada 100.000), y remarcó que el fenómeno transcurre con baja visibilidad pública y escasa cobertura mediática. El estudio vincula la problemática con el deterioro de las condiciones de vida, en línea con la primera entrega sobre «Jóvenes endeudados en Entre Ríos».
Datos del Ministerio de Salud de la provincia indican que en el último período se registraron más de 840 intentos de suicidio que requirieron atención. El sistema estatal presenta limitaciones: de los 65 hospitales generales, solo 9 cuentan con servicios especializados en salud mental; de unos 150 psiquiatras matriculados, apenas 39 trabajan en la salud pública. En departamentos como Colón, Concordia y Gualeguaychú, las esperas para turnos con psicólogos o psiquiatras alcanzan hasta seis meses. En 2024, el hospital de San José funcionó sin profesionales estables en el área.
El Gobierno provincial dictó en agosto el Decreto 2130, que declara la «Urgencia Sanitaria en Salud Mental» por un año. Un dictamen técnico de ATE Entre Ríos y la CTA Autónoma cuestionó la medida, señalando que es «meramente declarativa y simbólica» y que, al elegir la figura de «urgencia» en lugar de «emergencia», no se asignaron presupuestos específicos ni mecanismos de contratación directa para incorporar profesionales o adquirir medicamentos.
Según datos de la Asociación por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el programa nacional de «Apoyo y Promoción de la Salud Mental» sufrirá una reducción presupuestaria del 91,6% para 2026 respecto al año anterior.