La iniciativa, presentada este jueves en la Cámara de Diputados de Entre Ríos, requiere al Consejo General de Educación (CGE) documentación sobre el rediseño curricular de la modalidad. Agmer realizó protestas y reuniones previas.
La iniciativa se presentó este jueves en Diputados y busca aportar claridad sobre una reforma curricular que generó preocupación en las comunidades educativas y en los gremios docentes de la provincia.
En las semanas previas, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) realizó acciones de protesta, incluyendo comunicados en septiembre, reuniones en octubre con la Dirección de Jóvenes y Adultos y fue una de las temáticas que se trataron durante la Escuela Itinerante en diversas localidades.
Una de las actividades la organizó Seccional Paraná fue una jornada de radio abierta en la Plaza 1º de Mayo durante el último paro docente. En ese marco el Secretario General de la filial, Manuel Gómez, advirtió públicamente sobre la crítica situación del nivel y señaló que «se está hablando sobre la modalidad de Jóvenes y Adultos, que tiene una larga trayectoria en nuestro país y que tanto ha aportado a la formación de estudiantes para recibir un título secundario. Hoy es un sector que está siendo atacado y desmembrado».
El proyecto fue presentado por el diputado justicialista impulsada por el diputado Enrique Cresto.
Los puntos centrales del pedido de informe
El documento legislativo apela al artículo 117 de la Constitución Provincial para requerir documentación respaldatoria y respuestas concretas sobre el rediseño institucional. A través de sus puntos principales, los legisladores reclaman saber:
- El estado administrativo de la reforma y sus borradores: Se solicita que el CGE «indique si se encuentra en elaboración o tramitación una reforma del diseño curricular de la Educación Secundaria de Jóvenes y Adultos, incluyendo ESJA, ESA y sus anexos. Informe su estado administrativo, autoridades responsables y establecimientos alcanzados. Remita copia de los borradores, expedientes, resoluciones, circulares e informes técnicos que la sustentan».
- Fundamentos pedagógicos y requerimientos nacionales: El texto exige que se «explicite los objetivos pedagógicos y los fundamentos normativos nacionales, federales y provinciales de la propuesta. Identifique qué adecuaciones son obligatorias y cuáles responden a decisiones jurisdiccionales».
- Cuadro comparativo curricular: Los diputados piden que se «presente un cuadro comparativo entre el diseño vigente y el propuesto, detallando duración de los estudios, organización anual o modular, espacios curriculares, contenidos, orientaciones y carga horaria total y por área».
- Cronograma de aplicación y continuidad de estudios: En relación con los plazos, el pedido requiere «el cronograma previsto de debate, aprobación e implementación, indicando si se proyecta su aplicación durante el ciclo lectivo 2027. Precise cómo se garantizará la continuidad de las trayectorias de quienes actualmente cursan y la validez de las certificaciones y títulos».
- Instancias de diálogo y compromisos sindicales: Sobre la participación de la comunidad y la representación gremial, se pide que se «detalle las instancias de participación realizadas y previstas con estudiantes, docentes, equipos directivos, supervisores y organizaciones sindicales», incluyendo la remisión de actas y los «compromisos asumidos en la reunión del 6 de octubre de 2026 con Agmer».
- Impacto en los cargos docentes: Un punto central indaga sobre la plantilla del personal, demandando que se «informe la cantidad actual de cargos docentes, directivos, de coordinación y de apoyo, y de horas cátedra de la modalidad», para luego comparar «estos datos con los previstos para el nuevo diseño e identifique cualquier reducción, supresión, reasignación o modificación de funciones».
- Derechos laborales y estabilidad: La iniciativa cuestiona «qué mecanismos se adoptarán para garantizar la estabilidad laboral, la continuidad de las cargas horarias y los derechos de docentes titulares, interinos y suplentes», requiriendo además que se aclaren los «criterios de reubicación y las instancias de capacitación».
- Reorganización institucional y cierres: El texto solicita precisar «si se prevén cierres, fusiones, absorciones institucionales, transformación de escuelas en anexos, reducción de cursos, cambios de sede o de turnos», solicitando la identificación de los establecimientos involucrados y las decisiones de este tipo aplicadas entre 2025 y 2026.
- Presupuesto y eventuales recortes: Respecto al financiamiento, el proyecto exige la remisión de «los recursos presupuestados y ejecutados para la modalidad durante 2025 y 2026, y las previsiones para 2027», además de pedir que se «Informe si se prevén ahorros derivados de la reforma, su monto estimado y los conceptos involucrados».
- Datos de matrícula y deserción: El pedido solicita tabular «la matrícula, los ingresantes, egresados y las interrupciones de cursado de los ciclos 2024, 2025 y 2026» por departamento y establecimiento, junto con los «criterios de apertura y continuidad de cursos».
- Garantía de acceso e inclusión: Finalmente, la solicitud indaga por las «medidas destinadas a asegurar el acceso y la permanencia de estudiantes que trabajan, tienen personas a cargo, viven en zonas rurales o presentan discapacidad», solicitando evaluar el impacto de la medida en el abandono escolar y la calidad del aprendizaje.
La educación de adultos como garantía de inclusión
En los fundamentos de la presentación, los legisladores remarcan el rol social de esta modalidad educativa, argumentando que «detrás de cada estudiante hay una historia: trabajo desde temprana edad, dificultades económicas, tareas de cuidado o circunstancias familiares que interrumpieron su escolaridad».
Asimismo, el escrito advierte que «cercenar ese derecho mediante el cierre de espacios, la reducción de oportunidades o barreras que hagan imposible sostener el cursado significaría volver a excluir a quienes buscan superar una desigualdad previa».
Aclarando que la presentación se hace «en ejercicio del control legislativo» y sin presumir de antemano la existencia de una medida irreversible, la iniciativa concluye enfatizando que «la educación no tiene edad: garantizar una nueva oportunidad es una responsabilidad pública que no puede quedar subordinada a una meta de ahorro». (APFDigital)