La fiscalía general de Florida solicitó a un tribunal estatal que ordene a OpenAI detener el desarrollo de nuevos modelos de inteligencia artificial hasta contar con supervisión de seguridad independiente y que bloquee el acceso de menores a ChatGPT.
La fiscalía general de Florida en Estados Unidos pidió a un tribunal estatal que ordene a OpenAI frenar el desarrollo de nuevos modelos de inteligencia artificial hasta contar con supervisión de seguridad independiente, y que bloquee el acceso de menores a ChatGPT.
El fiscal general James Uthmeier presentó una moción de 49 páginas ante el Décimo Circuito Judicial de Highlands County que reclama seis medidas concretas: ningún desarrollo de modelos nuevos sin controles de seguridad aprobados por terceros independientes y el cese de la recolección de datos de menores.
El escrito también pide que OpenAI deje de calificar su producto como seguro o confiable, que abandone las funciones que lo hacen parecer humano y que elimine los mecanismos diseñados para prolongar las conversaciones con los usuarios.
“Le están pidiendo al gobierno que los ate al mástil”, escribió Uthmeier en el escrito, en referencia a los propios llamados de OpenAI a desacelerar el ritmo de desarrollo de sus modelos más avanzados.
En un video publicado en la red social X, el funcionario afirmó: “si Sam Altman quiso decir lo que dijo sobre bajar el ritmo, que se sume a nuestro pedido ante el tribunal”.
De confirmarse, la medida cautelar sería la primera orden judicial en Estados Unidos que condiciona el desarrollo de un modelo de frontera de inteligencia artificial a la aprobación de un evaluador externo antes de su lanzamiento. La audiencia sobre el pedido de Florida está pendiente de fecha en el circuito de Highlands County.
Una demanda que empezó en junio de 2026
La solicitud amplía una demanda que Uthmeier presentó en junio de 2026, la primera de un fiscal estatal contra OpenAI por el impacto de ChatGPT en usuarios jóvenes.
Aquel expediente había surgido de una investigación penal abierta en abril, después del tiroteo masivo de 2025 en la Universidad Estatal de Florida, cuyo sospechoso habría usado la herramienta de inteligencia artificial antes de atacar.
El caso pasó brevemente a la Justicia federal cuando OpenAI argumentó que una de las referencias a la ley federal de privacidad infantil generaba jurisdicción federal. La jueza Aileen Cannon rechazó ese planteamiento y devolvió el expediente al circuito de Highlands County, donde ahora se espera la audiencia sobre el pedido de medida cautelar.
La moción sostiene que OpenAI incurrió en prácticas comerciales desleales, negligencia grave, diseño defectuoso, falta de advertencia adecuada y creación de una molestia pública, aunque los reclamos todavía no fueron probados ante la Justicia.
Qué argumentos utilizó el Estado
Para reforzar el pedido, el escrito estatal cita el reciente hackeo de la plataforma Hugging Face por parte de agentes autónomos de OpenAI y episodios de comportamiento fuera de control que, según reportes previos, incluyeron intentos de acceso a servidores de gobiernos de Estados Unidos y Australia.
Menciona la carta abierta conocida como “Pacing the Frontier”, firmada por más de 1.300 empleados del sector, que reclama una desaceleración forzada del desarrollo de los modelos más potentes.
Suma declaraciones del propio director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, quien el 23 de septiembre le dijo al Consejo de Seguridad de la ONU que la empresa “no debería entrenar modelos sobre los cuales no pueda sostener con fuerza que va a mantenerlos bajo control humano”.
El texto incorpora, además, una frase del científico jefe de OpenAI, Jakub Pachocki, en la que pidió “intervenciones más amplias” frente a los riesgos del desarrollo acelerado.
El vocero de OpenAI, Drew Pusateri, respondió que la empresa es transparente sobre el avance de su tecnología y que colabora con las autoridades de Florida y de otros estados.
“La gente quiere saber que la inteligencia artificial se desarrolla de forma segura”, dijo Pusateri, y recordó que la compañía ya había anunciado, el viernes anterior, la pausa del entrenamiento de sus modelos más avanzados hasta confirmar salvaguardas adicionales.
El reclamo por los menores en la reciente petición
Una parte sustancial de la moción apunta al uso de ChatGPT por parte de niños y adolescentes. El escrito cita estudios que calculan que uno de cada cinco preadolescentes usa chatbots de inteligencia artificial.
Asimismo, sostiene que OpenAI recolectó edad, ubicación, audio, video y datos de salud de menores de 13 años sin el consentimiento parental verificable que exige la ley federal.
Los abogados del Estado también objetan el hábito de ChatGPT de cerrar sus respuestas ofreciendo continuar la conversación, una práctica que el escrito describe como un patrón diseñado para prolongar el uso de la aplicación más allá de lo necesario.
La demanda original de junio de 2026 ya había calificado a ChatGPT como una amenaza a la seguridad pública para menores y adultos vulnerables, y OpenAI enfrenta demandas similares presentadas por particulares en otros estados por hechos vinculados al uso de su chatbot.