Representantes de trabajadores estatales, legislativos y judiciales participaron del debate en comisiones del Senado sobre el proyecto de reforma previsional, donde señalaron posibles consecuencias legales y cuestionaron aspectos del texto oficial.
Este jueves por la mañana, representantes de los trabajadores estatales, legislativos y judiciales que integran la Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones expusieron en las Comisiones de Presupuesto y Asuntos Constitucionales del Senado, presididas por Gustavo Vergara (JxER) y Juan Pablo Cosso (PJ), en el Salón de los Escudos de la Casa de Gobierno.
Oscar Muntes, titular de la Asociación de los Trabajadores del Estado (ATE), afirmó que Entre Ríos se encamina a ser la primera provincia en eliminar la garantía del 82% móvil. Explicó que, al calcular el haber inicial sobre los últimos 20 años de actividad en lugar de los 10 mejores, los futuros jubilados percibirían el 61% de su salario, y el 51% para regímenes diferenciales de salud mental. Muntes declaró: “Es un brutal ajuste a las condiciones de vida”, y recordó que los estatales ya sufrieron una pérdida del 41% de poder adquisitivo y un aumento de aportes del 16% al 19%.
Víctor Sartori, secretario de Organización de ATE, cuestionó que la solución recaiga sobre los salarios y propuso gravar sectores con renta extraordinaria. “Hay que ponerle impuesto a las grandes extensiones de tierra y una tasa de sustentabilidad ambiental a las avenidas de arena que sacan de Victoria para Vaca Muerta”, sostuvo. Según Sartori, estas alternativas podrían cubrir entre el 40% y 45% del déficit actual.
Alfredo Britos, de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), calificó al proyecto como “la ley del embudo” y advirtió que el cálculo de 20 años es el “más largo del país” sin antecedentes en otras 13 cajas provinciales no transferidas. Afirmó que la norma sería una “usina de litigio asegurada” por su carácter confiscatorio.
Mabel Pedrero, de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), impugnó la declaración de emergencia por considerarla “falaz”. Sostuvo que el déficit de la Caja es un problema crónico y no una circunstancia “súbita o imprevista” que justifique delegar facultades al Ejecutivo. Señaló que la emergencia es el “fundamento” para una delegación de poderes vedada por el artículo 45 de la Constitución Provincial.
José María Segura, titular de AJER, aportó simulaciones técnicas que indican que un trabajador judicial podría perder entre el 30% y el 36% de su jubilación respecto al sistema actual. Denunció que la nueva movilidad atada a la paritaria del escalafón general y el pago de aumentos con hasta 90 días de demora generarían un deterioro permanente del salario frente a la inflación.
En relación a los requisitos para la jubilación ordinaria común, el proyecto establece que la edad jubilatoria se incrementará de manera gradual hasta los 65 años, con 35 años de aportes, a partir del 1 de enero de 2031. Para quienes comiencen a aportar luego de la entrada en vigencia de la ley, la edad jubilatoria será de 68 años.
La senadora Nancy Miranda (PJ) cuestionó la resistencia gremial a igualar la edad jubilatoria a los 65 años para ambos sexos. “Si se luchó tanto por una ley de paridad escuchándolos a ustedes, es una paridad sesgada”, afirmó. Pedrero respondió que la diferencia de edad no es un privilegio sino un reconocimiento al desgaste diferencial, y que “igualar las edades genera mucho más desigualdad”. Segura citó el caso de los recolectores de basura que se jubilan a los 62 años con un promedio de sobrevida de cinco a ocho años, y concluyó: “No todos los trabajos tienen el mismo desgaste”.
Segura también mencionó el “espejo de Santa Fe”, donde una reforma similar está “virtualmente trancada” por fallos judiciales de inconstitucionalidad. Denunció falta de transparencia: “El estudio actuarial fue subido a la web de la Caja recién el 9 de junio”.
Sergio Almeida, de la Asociación del Personal Legislativo de Entre Ríos (Apler), interpeló a los senadores: “Ustedes no fueron a buscar el voto diciendo que iban a aprobar una ley que perjudique a los trabajadores”.
Ante una consulta sobre supuestos aportes gremiales al texto del Ejecutivo, Muntes declaró: “En ningún momento la Multisectorial acompaña nada del proyecto. No se hizo ningún aporte porque consideramos que es una ley que no puede avanzar”.
La senadora Gloria Liliana Cozzi (JxER) cerró defendiendo que el proyecto “no es degradante” y que el Ejecutivo lo estudió con seriedad. Los gremios se retiraron ratificando que el plan oficial es “netamente ideológico” y busca la “mercantilización” de la vejez. (APFDigital)