En el Salón de los Escudos de Casa de Gobierno, senadores escucharon durante tres horas a dirigentes gremiales que expusieron argumentos en contra de las modificaciones a la Ley 8.732.
El Salón de los Escudos de Casa de Gobierno fue escenario este jueves de un encuentro de trabajo legislativo en el que los senadores escucharon a representantes de gremios que nuclean a trabajadores públicos. La reunión, presidida por los senadores Gustavo Vergara (Diamante – Juntos por Entre Ríos) y Juan Pablo Cosso (Villaguay – Más Para Entre Ríos), comenzó a las 9 y se extendió por tres horas. Participaron 16 senadores y un grupo de diputados provinciales como oyentes.
El primer orador fue el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Oscar Muntes, acompañado por el secretario de Organización, Víctor Sartori. Muntes afirmó que el proyecto de ley “es contrario a los trabajadores y trabajadoras” y señaló que “no somos los responsables de este déficit, fueron los que tuvieron la responsabilidad de gobernar”. También sostuvo que se trata de un “brutal ajuste, que destroza el 82% móvil, y se pierde el espíritu solidario del sistema”. Indicó que las bajas irían a un 61% del salario y las jubilaciones diferenciadas a hasta un 51%. Solicitó “no avanzar con este proyecto”. Por su parte, Sartori calificó la iniciativa como un “proyecto de ajuste” y abogó para que se considere el proyecto presentado por la Multisectorial en la Cámara de Diputados sobre un fideicomiso de sustentabilidad para la Caja.
Luego expuso la Asociación Judicial de la Provincia de Entre Ríos (AJER). Su secretario general, José María Segura, junto a Mabel Pedrero, coincidieron con la postura de la Multisectorial. Pedrero declaró que la emergencia planteada por el Poder Ejecutivo “es falaz” y “da pie a la delegación de facultades”. Segura se refirió a “la eliminación de derechos de los trabajadores y el deterioro de los salarios que conlleva a un deterioro de la sociedad”. Mencionó simulaciones con las fórmulas del proyecto, que arrojarían una pérdida de entre 30 y 36% en relación a la jubilación actual.
Alfredo Britos, de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, Seccional Entre Ríos (UEJN), describió el proyecto como “regresivo, con ejes centrales insostenibles que serán usina de litigios asegurada”. Citó el haber inicial disminuido, la actualización del haber previsional y la creación de un aporte solidario extra.
El secretario general de la Asociación del Personal Legislativo de Entre Ríos (APLER), Sergio Almeida, afirmó que el proyecto “perjudica a los trabajadores y es advertido por todos los sectores”. Propuso buscar otros financiamientos para la Caja, porque el déficit “no debe caer en las espaldas de los trabajadores”.
En el diálogo posterior se abordaron temas como la afectación de haberes de jubilados actuales, paridad de género, cálculos específicos y detalles del proyecto elaborado por los gremios.
Estuvieron presentes los senadores Jaime Benedetti (Gualeguaychú – Juntos Por Entre Ríos), Marcelo Berthet (San Salvador – Más Para Entre Ríos), Casiano Otaegui (Gualeguay – Juntos por Entre Ríos), Ramiro Favre (Colón – Juntos Por Entre Ríos), Gladys Domínguez (Feliciano – Peronismo Federal), Nancy Miranda (Federal – Más Para Entre Ríos), Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos por Entre Ríos), Patricia Díaz (La Paz – Más para Entre Ríos), Claudia Silva (Paraná – Más para Entre Ríos), Víctor Sanzberro (Victoria – Más Para Entre Ríos), Rubén Dal Molín (Federación – Juntos por Entre Ríos), Juan Conti (Tala – Más Para Entre Ríos), Gloria Cozzi (Concordia – Juntos por Entre Ríos) y Hernán Méndez (Islas – Juntos Por Entre Ríos).
Las modificaciones propuestas
El proyecto de 46 artículos declara en el Título 1 la emergencia económica y financiera del sistema previsional provincial, con carácter de orden público, hasta el 31 de diciembre de 2027, prorrogable. Se aplica a los tres poderes del Estado, entes descentralizados, autárquicos, autónomos, empresas y sociedades del Estado, municipios y comunas adheridos y demás sujetos alcanzados por la Ley 8.732. Se autoriza al Poder Ejecutivo a adoptar medidas para resguardar la sustentabilidad del sistema.
Se establece un aporte personal extraordinario adicional sobre la remuneración bruta liquidada al personal en actividad, exceptuando haberes menores a $3.000.000. Por cada millón sobre ese monto se aporta un punto más, hasta un tope de 16 millones con un 8% de aporte. También se incrementan en un 3% los aportes patronales.
El Título 2 modifica artículos de la Ley del sistema previsional, estipulando funciones de la Caja de Jubilaciones y Pensiones y del presidente del organismo. El artículo 18 establece que la jubilación ordinaria común se obtendrá con 65 años de edad y 35 años de servicios computables. Para quienes comiencen a aportar tras la vigencia de la ley, la edad será de 68 años. El haber de la jubilación ordinaria será el 82% del promedio actualizado de las últimas 240 remuneraciones mensuales brutas sujetas a aportes.
El Título 3 fija que la edad prevista comenzará a regir cinco años después de la entrada en vigencia, y luego se incrementará gradualmente seis meses por año hasta alcanzar los 65 años. Los años de aporte se incrementarán un año cada dos años calendario hasta llegar a 35.