Trabajadores y referentes de salud mental de Entre Ríos manifestaron su oposición a la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657, impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional. La iniciativa modifica el régimen de internaciones, la composición de los equipos interdisciplinarios y elimina el piso presupuestario del 10% para salud mental.
La reforma de la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657, enviada al Congreso por el Poder Ejecutivo bajo el Mensaje 108/26, generó el rechazo de referentes del sector en Entre Ríos. La iniciativa, que comenzó a debatirse en un plenario de las comisiones de Salud y Legislación General del Senado, propone modificaciones en materia de directivas anticipadas, teleconsulta, internaciones, financiamiento y hospitales monovalentes.
La senadora Patricia Bullrich, jefa de bloque de La Libertad Avanza, lidera una ronda de consultas con autoridades sanitarias nacionales y provinciales. Las reuniones virtuales ya incluyeron a ministros de salud de Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza, Buenos Aires, Córdoba y CABA. El debate legislativo contó con más de 70 expositores de organizaciones de familiares, asociaciones profesionales, funcionarios judiciales y trabajadores del sector.
Rechazo de referentes entrerrianos
Sandra Cislaghi, creadora de la Fundación Crescer y trabajadora de la Agencia de Salud Mental de Entre Ríos, y Matías Passi, secretario de Derechos Humanos de ATE y presidente del Consejo Consultivo Honorario de Salud Mental de Entre Ríos, expresaron su rechazo a las modificaciones. Ambos señalaron que la reforma elimina la asistencia económica y financiera a las provincias y flexibiliza la prohibición de crear nuevos hospitales psiquiátricos monovalentes.
Passi afirmó que el texto en debate «elimina completamente lo que tiene que ver con la asistencia económica y financiera a las provincias» y que «centraliza en la psiquiatría y hegemoniza la disciplina por sobre otras, en contra de una perspectiva de atención interdisciplinaria». Cislaghi sostuvo que la reforma «vuelve a dar mayor centralidad a las instituciones especializadas, es decir al psiquiátrico, y elimina la prohibición de crear nuevos hospitales monovalentes».
Financiamiento y recursos
Los profesionales remarcaron que la ley actual nunca se aplicó plenamente debido a una deuda presupuestaria. Cislaghi recordó que el piso del 10% del presupuesto de salud estipulado por la Ley 26.657 «nunca se cumplió plenamente». Passi confirmó que el Consejo Consultivo envió un documento formal a la Dirección Provincial de Salud Mental exigiendo una postura de rechazo a la reforma.
Impacto en el sistema público
Passi señaló que la falta de empleo y el cierre de PyMEs generan una sobredemanda en los hospitales públicos. «Es imposible dar cuenta de tremendo malestar», afirmó, y agregó que la solución requiere políticas socioeconómicas globales. Cislaghi describió obstáculos para implementar internaciones breves en hospitales generales, como falta de camas, equipos interdisciplinarios las 24 horas y articulación entre guardias y salud mental.
La especialista concluyó: «¿Esta modificación va a hacer que una persona y su familia encuentren ayuda más rápido y estén menos solas, o simplemente va a cambiar el lugar donde terminamos internándola?».